Entregan a la Justicia 80 expedientes de médicos que participaron de torturas en dictadura




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Este viernes 13 de septiembre, el SMU y la FEMI retiraron un cofre fort que se encontraba en custodia en el Banco República con los 80 expedientes de los dictámenes de la Comisión Nacional de Ética Médica que en el año 1985 juzgó el comportamiento de los profesionales durante la pasada dictadura.

Asimismo, tales expedientes fueron entregados este viernes a la Justicia.

La presidenta de FEMI, Patricia Nava, remarcó la importancia “recordar y saber que lo acontecido para no repetir los hechos”.

Indicó que el Poder Judicial ahora puede digitalizar los archivos y asegurar que no se van a perder.

Primer juzgamiento objetivo sobre hechos de la dictadura

El abogado Oscar López Goldaracena integró junto otros destacados juristas como el hoy fallecido Jorge Pessano (presidente de la Suprema Corte de Justicia entre los años 1989 y 1990) la Comisión Nacional de Ética Médica que funcionó en el año 1985.

En diálogo con LARED21, Goldaracena recordó que en 1985 se creó una Convención Médica Nacional, la cual resolvió juzgar, desde el punto de vista ético, a los médicos que participaron en la dictadura y cometieron faltas al Código de Ética Médica, por colaborar en actos de tortura.

Dicha Convención acordó, a su vez, crear la Comisión Nacional de Ética Médica, en acuerdo con el Colegio de Abogados del Uruguay y el Sindicato Médico del Uruguay. La misma estaba integrada por abogados y médicos.

“Fue entonces que se formaron equipos instructores. Se recibían y analizaban las denuncias, se labraba un acta desde los puntos de vista legal y médico y se solicitaban pruebas. Se convocaban testigos, se citaba al médico involucrado quien podía concurrir con su abogado”, detalló Goldaracena.

Agregó que se trató de un proceso en el cual el médico que estaba siendo investigado contaba con todas las garantías.

Remarcó que en dichas instancias se pudo comprobar que “en la tortura participaban médicos que controlaban que la persona detenida no falleciera, para poder continuar aplicándosele apremios físicos”.

Asimismo, “algunos médicos falsificaron las causas de muerte. Es decir, la partida de defunción expresaba una causa que no era la real, porque el deceso había ocurrido por torturas”.

Luego se dictaba “un laudo, no una sentencia porque no era un tribunal judicial”. En los casos en que el médico era condenado, recibía una sanción moral y no penal.

Goldaracena destacó que el trabajo de la Comisión fue “el primer juzgamiento objetivo sobre los hechos de la dictadura”.

Remarcó que se presentaron ante la Justicia denuncias contra tales médicos. Sin embargo, no existieron juicios debido a que en forma concomitante el entonces comandante en jefe del Ejército, el general Hugo Medina (1984-1987), no daba curso a las citaciones judiciales contra militares involucrados en violaciones a los derechos humanos y las guardaba en una caja fuerte en su despacho, en abierto desacato.

Asimismo, en ese marco se aprobó, en el año 1986, la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

De todos modos, algunas de las actas luego fueron incorporadas a muchos juicios, en el marco de denuncias por violaciones a los derechos humanos que contaron con su patrocinio.









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