21 octubre, 2019

Un debate con políticos y técnicos sobre qué implica la reforma Vivir sin miedo


A poco menos de 20 días para el plebiscito nacional que someterá a votación la reforma constitucional que impulsó el legislador nacionalista Jorge Larrañaga, los constitucionalistas Martín Risso y Daniel Ochs, así como la abogada y directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, y el exministro del Interior, Juan Andrés Ramírez, debatieron sobre la propuesta en un panel organizado por el departamento de Derecho Público de la Universidad Católica del Uruguay. 

La propuesta del senador Larrañaga, lanzada en mayo de 2018 bajo el lema Vivir sin miedo, recogió más de 405 mil adhesiones en la etapa de recolección de firmas y propone una serie de cambios a la Constitución con el objetivo de combatir la inseguridad. En concreto, se prevé la creación de una Guardia Nacional compuesta por 2 mil militares, la habilitación de los allanamientos nocturnos con orden de un juez, la reclusión perpetua revisable para delitos gravísimos y el cumplimiento efectivo de las penas. 

Ramírez, ministro durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle y coautor de la propuesta, se refirió a los aspectos del delito a los que apunta la reforma, que aclaró que no busca resolver problemas legislativos ni de gestión, sino eliminar las trabas constitucionales que se puedan presentar. De esta manera, señaló que se apunta al combate de la droga de consumo popular, del circuito económico del narcotráfico, de la corrupción policial y a la delincuencia penal. 

A lo largo del debate, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República se refirió a la Guardia Nacional como una “fuerza policial con disciplina militar”, lo que provocó la respuesta de Goyeneche, que pidió “terminar con eufemismos”, ya que se trata de un cuerpo que dependerá del Ministerio de Defensa Nacional con la coordinación operativa de la cartera de Interior. 

Ramírez señaló que será mucho más difícil para las “mafias” del delito corromper a dos estructuras, teniendo en cuenta el “alto nivel de corrupción de las fuerzas policiales”. De esta manera, se refirió a la disciplina militar y al clamor social que pide “policías que tengan disciplina”. “Pasen por la Ciudad Vieja y van a ver en la puerta de los bancos a los policías mandando mensajes, recostados en la pared, mirando para cualquier lado. ¿No es necesario tener una fuerza con mayor disciplina, rigor y cumplimiento de la ley?”, preguntó. 

También sostuvo que los militares son idóneos porque saben usar armas, obedecer órdenes, tienen una estructura que los avala y conocimiento previo. “Además, les estamos pagando. Son soldados, cabos, sargentos, tenientes, capitanes que les estamos pagando un sueldo y que, felizmente, no estamos usando porque no estamos en guerra”, dijo. 

Goyeneche, que además integra el sector Casa Grande de la senadora Constanza Moreira, planteó sus críticas hacia la reforma y argumentó que la propuesta prevé “continuar con la misma línea” por lo que no se pueden “esperar resultados diferentes” en materia de índices de criminalidad. “Promueve un tipo de política criminal que va absolutamente en la línea de los últimos veintipico de años” que no ha logrado evitar el “aumento sistemático de los delitos”, aseguró. 

Además, señaló que es una “falacia” afirmar que la disciplina militar prevendrá la “corrupción”. “Pregúntenle a los familiares de detenidos y desaparecidos, que integrantes de las Fuerzas Armadas estuvieron diciendo durante años que lo habían cremado (a Eduardo Bleier) y eliminado sus restos. Ayer se identificó que la persona no había sido cremada. A ver si realmente las Fuerzas Armadas como institución son garantía de que no haya corrupción”, manifestó. 

En su opinión, el debate “más urgente y necesario” tiene que ver con el sistema carcelario, así como la rehabilitación y reinserción social de las personas que delinquen. De hecho, aventuró a decir que si se aprueba la reforma en el plebiscito nacional de octubre no se resolverán los problemas sino que se van a “agravar”. “Porque va a seguir aumentando la población carcelaria y porque suma otro cuerpo cumpliendo funciones policiales en una situación en la que hay bastante acuerdo en cuanto a problemas de gestión”, aseveró. 

Por último, se refirió a la competencia que se les otorga a las Fuerzas Armadas incluidas en la Guardia Nacional y aseguró que, tal como está redactada la reforma, podrán actuar en casos que van “desde las personas que están orinando en la calle hasta delitos de narcotráfico u homicidio”. 

La visión de los constitucionalistas 

Risso y Ochs, por su parte, se manifestaron en el panel sobre los aspectos más técnicos de la reforma constitucional, planteando sus reparos en algunos puntos y su respaldo en otros, siempre desde el punto de vista jurídico. Ochs, por ejemplo, señaló que cambiar el artículo que hace referencia a la inviolabilidad del hogar y a la imposibilidad de realizar allanamientos cuando se oculta el sol “supone acoplar la protección del domicilio a lo que es el derecho comparado”. Aunque planteó reparos sobre los puntos referidos a las penas, ya que consideró que agregarían una “presión interna” a un sistema carcelario que “explota”. 

Risso también analizó punto por punto la reforma constitucional y defendió que la Constitución hiciera referencia a cuestiones fundamentales y no coyunturales de una nación. Además, lamentó que la reforma no fuera más “a fondo” en materia de cambiar el artículo 11 de la Constitución –que hace referencia a la inviolabilidad del hogar–, ya que tiene una redacción “anacrónica”. En tanto, consideró que en materia de la reclusión permanente revisable es aconsejable establecer fechas de revisión, algo que sucede en otros países del mundo con herramientas similares. 

Según las últimas encuestas, el apoyo a la reforma constitucional está por encima del 50%. En setiembre de este año la consultora Cifra concluyó que 56% está a favor de la reforma, 26% en contra y 16% que no se inclina ni por una u otra opción. Opción, en tanto, arrojó un nivel de adhesión de 62% en la consulta divulgada a fines de setiembre.





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